Acaba de publicarse el informe anual del Índice Global de Competitividad para el World Economic Forum, y las conclusiones de su lectura nos deberían hacer reflexionar. En primer lugar, deberíamos analizar por qué hemos pasado, en apenas 7 años, de ocupar el puesto 23 de dicho estudio al 42. Las rigideces de un mercado con diecisiete regulaciones distintas (permisos de apertura, rotulaciones, horarios, impuestos locales, etc.), unos convenios laborales más propios de los sindicatos verticales que de una sociedad que quiere basarse en el conocimiento, un sistema educativo que fomenta la insurgencia en las aulas y el meninfotismo, un sector público que decide y gestiona la mitad de los recursos del país, una administración de justicia politizada, lenta y mal dotada de medios, y la mitad del sistema financiero dependiente de la burocracia interna de los partidos políticos, por no seguir con otras derivadas, no son el mejor caldo de cultivo para la productividad.

En segundo lugar, es importante darse cuenta de lo que supone la integración en la moneda única europea. Por de pronto, la imposibilidad de tomar decisiones de intervenir en la fluctuación de nuestra moneda, como sucedía con la peseta. Históricamente, España devaluaba su moneda como arma de recuperación de competitividad, permitiendo que nuestros bienes y servicios volvieran a ser asequibles e interesantes para los mercados exteriores. Ello permitía mejorar nuestra balanza comercial y mantener nuestro sistema productivo activo, aun cuando el mercado interior estuviera estancado. Hoy en día, esta posibilidad no existe, por lo que si queremos que los turistas sigan trayendo divisas, tenemos que rebajar nominalmente los precios de nuestros bienes y servicios. Y esto incluye, lógicamente, bajar los salarios de todos los empleados en este fundamental sector económico.

En tercer lugar, y consecuencia también de la pérdida de soberanía monetaria, el Banco de España no tiene capacidad de intervenir en los tipos de interés del sistema financiero para regular la inflación, por lo que estamos a expensas de la inflación de la zona Euro y, por tanto, del Banco Central Europeo. Esto tiene consecuencias en nuestra economía, tradicionalmente inflacionista. En anteriores crisis económicas, el ajuste de precios se producía por el impacto de la alta inflación durante 12, 18 ó 24 meses continuados, y la simple contención en términos nominales de los importes asignados a bienes, servicios y salarios. En la actualidad hay que aplicar una medicina más amarga. Hay que concienciar a los asalariados para ver descender sus salarios, a los productores y comercializadores para que reduzcan el precio de lo que fabrican o venden, y así en toda la cadena productiva.

Afortunadamente, la pérdida de soberanía en pos de la Europa Comunitaria, hará que las recetas que no se atreverían a dictar nuestros mandatarios locales, las tomen los de fuera, y por tanto, podamos recuperar, por necesidad, los puestos de ascenso que merecemos como país.